Euros y racismo

Diario Vasco, Francesc-Marc Álvaro , 2010-04-07

Mientras perdemos el tiempo valorando si debemos hablar mucho, poco o nada de Josep Anglada yde su partido Plataforma per Catalunya, la política de los hechos consumados se nos cuela por la puerta de atrás: el Gobierno central, y más concretamente el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que dirige el catalán Celestino Corbacho, ha procedido a recortar en un 65% los recursos del fondo de acogida e integración. Así, lo que en el presupuesto del 2009 representaba un total de 200 millones de euros, ahora, en el presupuesto para el 2010, ha quedado reducido a 70 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas. Catalunya recibió el año pasado algo más de 40 millones procedente de este fondo pero, a causa del recorte dictado por Zapatero, debería conformarse hoy con cerca de 15 millones de euros. Las cifras son elocuentes y duras. Los más castigados con esta caída de los recursos destinados a impulsar la integración serán los ayuntamientos, la administración que soporta de manera más intensa y más cruda el impacto de la crisis económica y el paro en los núcleos con mayor presencia de personas inmigrantes. Muchos proyectos locales para reforzar la cohesión social no podrán llevarse a efecto, extremo que puede afectar de manera especial el apoyo a las aulas de acogida y la formación destinada a los adultos. Varias voces, desde el mundo municipal hasta responsables sindicales, han subrayado el enorme riesgo que supone la falta de recursos para estas políticas de calado realmente estratégico. La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha recordado que este recorte “va contra el Estado de bienestar y contra la igualdad de oportunidades”.

Están los discursos y están los hechos. Pero parece mucho más fácil atender a los primeros en vez de intentar estar al caso de los segundos. ¿Qué es una determinada política sin dotación económica suficiente para realizarse? Es un paquete de buenas intenciones y un foco de futura frustración. Está claro que todos los ministerios han debido apretarse el cinturón, pero no resulta comprensible que el departamento que debe velar por el arraigo de las personas extranjeras no defienda de mejor manera una de sus – se supone-prioridades. La también catalana Anna Terrón, desde hace poco nueva secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, sabe perfectamente, por su larga experiencia europea, que los países que han conseguido mejores resultados en estas políticas son aquellos que han combinado altas inversiones con medidas legales destinadas a evitar el surgimiento de guetos y sus efectos negativos. Vaciar el fondo estatal de acogida e integración es abandonar a su suerte a las autonomías y a los ayuntamientos ante uno de los desafíos más complicados de este momento.

La xenofobia y el racismo proliferan en relación proporcional al aumento de la precariedad, la pobreza y la falta de horizontes de progreso personal. Todos los estudios, llevados a cabo en sociedades democráticas avanzadas, vinculan el crecimiento de los partidos de corte xenófobo a contextos sociales y económicos de recesión, cuando las consignas reaccionarias son asumidas como el último valladar de sectores sociales que han perdido los referentes o consideran que nadie los representa. Así ocurrió, ya hace algunos años, en Francia cuando una parte del proletariado urbano, votante tradicional de los comunistas y otras siglas de izquierda, se desplazó hacia el Frente Nacional de Le Pen. Por todo ello, es absurdo que nos ocupemos tanto del minoritario Anglada (por mucho que en Vic recoja miles de votos) y tan poco de lo que hacen o no hacen los partidos democráticos, empezando por lo que invierte o deja de invertir el Gobierno central en las políticas que, precisamente, son el antídoto contra la fractura social que, a medio y largo plazo, puede fabricar xenofobia en dosis inflamables. Algunos barrios catalanes han sido y son escenario de avisos en este sentido.

Los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), como explicaba el pasado lunes Carles Castro en las páginas de Política,muestran que la mayoría de los ciudadanos sintoniza con el discurso del PP sobre inmigración pero, a la vez, avala las políticas impulsadas por el PSOE. Una paradoja que ubica el debate en el terreno equívoco de las palabras (allí donde los Anglada de turno prometen cosas tan extremas e impracticables como las que, en sentido opuesto, proclaman los dirigentes de ICV) cuando lo que necesitamos es analizar seriamente lo que se hace, con qué recursos y en qué lugares. El último barómetro del CIS indica que la inmigración constituye, a fecha de hoy, el cuarto problema de España, por detrás del paro, los problemas económicos y la clase política, y por delante del terrorismo. Un 13,5% de la población así lo sostiene, un porcentaje que – intuyo-podría ser más alto si la pregunta se hiciese únicamente a los alcaldes y concejales. Como quedó claro en el magnífico debate con cinco ediles catalanes que publicó La Vanguardia el pasado 21 de febrero, el reto de la inmigración no implica atender una política más, sino el despliegue de muchas acciones concertadas en diversos frentes (social, educativo, sanitario, de vivienda, cívico, etcétera), lo cual exige sentido común tanto como millones de euros, invertidos con inteligencia.

No nos extraviemos, pues, practicando la sociología de bolsillo a cuenta de Plataforma per Catalunya y sigamos la pista del dinero oficial, el que llega y el que no lo hará. Los racistas pueden ser más (y se ven más) si los recursos necesarios son menos.

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